El Gobierno provincial anunció la
transferencia del servicio alimentario escolar a los municipios, lo que trajo
muchas voces de protesta, ante lo que consideran una reducción de las
responsabilidades del Estado en el
ámbito educativo. Asimismo, se critica la forma inconsulta que el estado
bonaerense hizo el anuncio, ya que no se requirió la opinión ni de gremios
docentes ni de los consejeros escolares.
El traspaso se traduciría a
través de la transferencia de fondos a los municipios y el diseño de un menú
obligatorio para que todos los comedores de los establecimientos públicos
garanticen un piso mínimo de nutrientes y calorías. A partir de una experiencia
piloto en 12 municipios, el gobierno bonaerense espera que a partir de 2018 los
municipios se hagan cargo de la alimentación de los niños que asisten a la
escuela pública.
En Carlos Casares los consejeros escolares dieron a conocer sus protestas ante esta
decisión, manifestando que una de las más importantes responsabilidades que
tiene la Dirección General de Cultura y Educación, junto al Ministerio de
Desarrollo Social de la Pcia de Buenos Aires y a través del Consejo Escolar
como organismo del estado, es el Servicio Alimentario Escolar (SAE), se
analizan anualmente los presupuestos destinados al SAE, se precisan las
cantidades de cupos de acuerdo a las necesidades y características de cada
servicio escolar por nivel, modalidad y vulnerabilidad social de cada alumno,
por supuesto con la supervisión de los consejeros escolares como lo indica la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 203 por lo que ésta apresurada decisión atentaría
contra la EQUIDAD EDUCATIVA ya que los fondos educativos percibidos por los
distritos son muy diferentes en cada caso y el programa solo podría ser llevado
a cabo en forma optima por aquellos distritos que tienen mayores ingresos en
concepto de fondo educativo y generando DESIGUALDAD entre los niños en
provisión de alimentación, sustento básico para la vida , también reduciría la función de los Consejos Escolares como lo expresa la Ley de Educación 13688 de
administrar los recursos del estado para lo cual los consejeros escolares han sido
elegidos por el voto popular y significaría una violación a la Ley de Consejos
Escolares Provinciales . Es decir, infringiría todo tipo de legalidad siendo necesario modificar el artículo
constitucional y las leyes mencionadas.
Se desvalorizó con este anuncio la tarea de
los consejeros escolares poniendo en juicio
su función y transparencia de gestión. Vidal toma como muestra 30 distritos donde hace una auditoría, no a
los 135 distritos de la provincia de
Buenos Aires, donde los resultados no fueron favorables, cayendo todos en la misma bolsa, comparando a ciudades del interior de la provincia con el
conurbano donde la realidad es otra.
En el distrito de Carlos Casares
por ejemplo desde el Consejo Escolar se
acompaña a las instituciones educativas, se orienta respecto al servicio, se
supervisan los cupos, los minués, y se regularizan periódicamente las
situaciones que van surgiendo por lo cual GARANTIZA la transparencia y calidad
del servicio de SAE y manifiesta la necesidad de continuar responsabilizándose del
mismo tarea que el pueblo puso a través de su voto en manos de los consejeros
escolares.
